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Las 72 horas que cerraron la vía europea del ‘procés’

EL PAÍS reconstruye las frenéticas horas que marcaron en Bruselas y Estrasburgo el principio del fin de la aventura europea del proceso independentista

El arranque del juicio contra los independentistas coloca de nuevo el conflicto catalán en el punto de mira internacional, una atención siempre buscada por los líderes del procés para forzar una mediación de Bruselas. El Gobierno de Rajoy concentró sus esfuerzos, con éxito, en evitar que ningún país diese credibilidad a la ruptura ilegal capitaneada por Carles Puigdemont. Pero Rajoy descuidó el flanco de la opinión pública y las cargas policiales del 1-O dieron a Puigdemont una importante munición. Con todo, la ilusión de mediación se esfumó en apenas 72 horas.

Una fuerte movilización política y diplomática contrarrestó el daño sufrido por la imagen internacional de España. EL PAÍS ha reconstruido, a base de testimonios confidenciales de primera mano, las frenéticas horas que marcaron en Bruselas y Estrasburgo el principio del fin de la aventura europea del procés. Una puntilla que, según todas las fuentes consultadas, fue definitiva y augura poco recorrido a la posible europeización del juicio, más allá de un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El 1 de octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy, los principales partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Cs), la diplomacia y el aparato del Estado español tiemblan ante el impacto mundial de las cargas policiales en Cataluña. Pero la UE cerró esa vía de la mediación el 4 de octubre de 2017, con un contundente discurso del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que acabó con las últimas esperanzas del entonces presidente de la Generalitat, abocado semanas después a la destitución y a la huida del país o a la cárcel sin que nadie en la Europa institucional se inmutase. “Cuando Timmermans se puso en pie no sabíamos lo que iba a decir, cruzamos los dedos”, recuerda un eurodiputado español.

Fuentes de la Comisión aseguran que la posibilidad de la mediación no se barajó. Y que la posición del organismo fue la misma antes y después del 1-O. Pero las presiones para que el equipo de Juncker interviniera se habían redoblado. Y el Gobierno español no podía bajar la guardia.

Al organismo comunitario llegaba una avalancha de correspondencia pidiendo su mediación. El martes, el presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, también se dirige por escrito a Juncker para “apelar a su intervención”. Y en el pleno del Parlamento, del lunes al miércoles, arrecian las críticas a la Comisión por mantenerse al margen de “un problema europeo, no solo español”. Los ataques llegan desde los escaños de izquierda y ecologistas. Pero no solo. A unas horas de que la Comisión fije su posición, el coste político de las imágenes del 1-O sigue subiendo peligrosamente para el conjunto del Estado español.

Debate controvertido

Tres días antes de la consulta, el jueves 28 de septiembre, los populares, con el eurodiputado Esteban González Pons como ariete, ya habían logrado abortar la propuesta de debatir sobre Cataluña en el pleno del Parlamento Europeo planteada por dos grupos (Verdes e Izquierda Unitaria). Los populares lo ven como una vía para internacionalizar el conflicto. Y el punto no entra en la agenda.

Pero la maniobra de González Pons se frustra el domingo. La tarde del 1-O, el líder del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, telefonea al eurodiputado español para advertirle de que, a la vista de lo acontecido durante el referéndum ilegal, será muy difícil excluir el asunto del plenario. Los grandes grupos quieren pronunciarse sobre lo ocurrido en Cataluña. “Había compañeros de otros países que nos decían: mi hija está viendo la tele y está llorando”, recuerda otro diputado.

El debate llega finalmente a la Eurocámara tras unas imágenes del 1-O que han empañado la imagen de España. “Una urna, una porra, batalla mediática perdida”, dicen que dijo Rajoy al contemplar aquellas escenas.

El fiasco barruntado por Rajoy se empezó a materializar el lunes. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, telefonea a Rajoy para instarle “a buscar fórmulas para evitar una escalada y el uso de la fuerza”. En la Comisión, el portavoz oficial hace público “un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo”.

La agenda hace que ese lunes se encuentre en Estrasburgo el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Jorge Toledo. Su visita se convirtió en un torbellino de idas y venidas por los kilométricos pasillos del Parlamento, de entradas en despachos sin cita previa, sobre todo en el de Timmermans. El Ejecutivo español quiere cerciorarse de que la Comisión no contempla la más mínima alusión a una mediación. El borrador del discurso lo ha elaborado el equipo del presidente, Jean-Claude Juncker. Él tiene la última palabra, pero no se puede contactar con él porque está viajando hacia India. El único interlocutor disponible es Timmermans y sobre él se redoblan las presiones.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también tercia y recomienda a Toledo que se quede en Estrasburgo un día más de lo previsto. Se queda hasta el miércoles.

El desenlace se produce a las 15 horas de ese miércoles. El vicepresidente lee un demoledor discurso de siete minutos que ciega la europeización del procés. “El respeto de la ley no es opcional, es fundamental. Si la ley no te da lo que quieres, puedes oponerte a ella, puedes trabajar para cambiarla. Pero no puedes ignorarla”, zanja la Comisión.

A continuación caen otros tres mazazos al independentismo. Manfred Weber (PPE), Gianni Pitella (Socialistas) y Guy Verhofstadt (Liberales) tachan de ilegítimo el referéndum y de irresponsabilidad la declaración de independencia. La Comisión y los tres principales grupos políticos que la respaldan han dictado sentencia contra el procés. “Estábamos aliviados pero exhaustos”, rememora una de las fuentes que trabajó en un cortafuegos que, hiciera falta o no, prefirieron establecer.

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