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El TSJC tumba el impuesto catalán a las bebidas azucaradas

El ente judicial entiende que la administración prescindió de trámites esenciales de consulta, audiencia e información pública para aprobar el decreto

El Govern considera que la ley sigue en vigor y asegura que corregirá la normativa pero seguirá exigiendo el pago del impuesto al «oligopolio de la distribución alimentaria»

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado la ley catalana que grava las bebidas azucaradas. El alto tribunal ha admitido el recurso de diversas asociaciones de la distribución, el comercio y la alimentación contra el decreto que incluía el reglamento de la Generalitat por el que se aprobaba el impuesto sobre las bebidas azucaradas, declarando la nulidad del reglamento. El tribunal ha reconocido como motivo suficiente de impugnación los argumentos de la demanda de «falta de justificación y precipitación» de la medida que «hacía necesaria una adecuada acreditación de su proporcionalidad y carácter no discriminatorio». La sentencia considera «evidente» que se prescindió de los trámites de consulta, audiencia e información públicas. 

El Govern considera que la ley sigue vigente y que la sentencia afecta exclusivamente a elementos técnicos de la normativa, pero que «no tumba la ley». El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha recordado que las empresas afectadas mantienen la obligación de pagar el impuesto. El Ejecutivo catalán introducirá las modificaciones necesarias para enmendar los problemas de la normativa detectados por el TSJC.

El impuesto, que entró en vigor en mayo del 2017, pretendía desincentivar el consumo de este tipo de bebidas. Para ello gravaba las bebidas con cantidades de azúcar entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros con 0,08 céntimos por litro o 0,12 en el caso de las que tienen más azúcar.

En el primer ejercicio de puesta en marcha, a partir de mayo del 2017, la Generalitat presupuestó unos ingresos de 31 millones, que al ejercicio siguiente se elevaron a más de 60 millones. Algunos estudios demostraron la reducción del consumo de azúcares como consecuencia de este gravamen.    

El TSJC ha entendido que la Administración no realizó los trámites esenciales de consulta, audiencia e información pública para aprobar el decreto, sobre todo tratándose de un impuesto de nueva creación, por lo que es nulo de pleno derecho. La decisión se podrá recurrir.

La resolución responde a un recurso presentado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab), la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración y la Asociación Promarca.

Todo el sector plantó cara a la nueva regulación, hasta el punto de que la norma que gravaba las bebidas azucaradas acabó entrando en vigor un mes más tarde de lo que inicialmente se había previsto. Las propias cadenas de distribución llegaron a modificar la composición de su oferta de productos y reducir aquellos con alto contenido en azúcar. También se registró una caída de las ventas derivada del alza de precios.

Para sustentar la decisión, el TSJC argumenta que el Govern pretendió «escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora tan solo aprecia un déficit de motivación con respecto a la omisión de los mismos». Sin embargo, el tribunal concluye que «no nos encontramos ante una insuficiente motivación, sino que la motivación alegada se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir de tales trámites».

La dirección general de tributos de la Generalitat alegó en su momento ante la Comisión Jurídica Asesora que consideraba que ese decreto no debía superar todos esos trámites porque el despliegue reglamentario, la carga impositiva y las obligaciones fiscales ya venían contempladas en la ley que creó este impuesto; es decir, la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2017. Este impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo del 2017, lo gestiona la Agencia Tributaria de Catalunya y aportó el año pasado 41,8 millones de euros.

El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas; esto es, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros. Así pues, en la práctica, el impuesto afecta a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, aguas con sabores o bien a bebidas energéticas, aunque quedan exentos por ejemplo los yogures bebibles o las leches que no contengan edulcorantes añadidos. 

Aragonés asegura que la ley sigue vigente

Según el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, la sentencia del TSJC considera que «el impuesto no está anulado», lo que anula la sentencia «es el reglamento que desarrolla aspectos técnicos», por lo que «la ley sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar». Aragonés puntualizó que son las empresas las responsables de esos productos y están obligadas al pago del impuesto, «una tasa necesaria» porque hay problemas de salud en Catalunya generados por el consumo excesivo de azúcar. Aragonés ha resaltado además que la ley catalana es homologable a otras vigentes en otros países europeos. 

«No nos tumbarán» ha dicho Aragonés y ha adelantado que se van a establecer medidas para enmendar los defectos del reglamento. «El oligopolio de la distribución alimentaria en Catalunya no tumbará la voluntad del Govern de que contribuyan al sistema público de salud», concluyó. 

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