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El Supremo devuelve al Congreso la decisión sobre la suspensión de los diputados presos

El alto tribunal rechaza dar más explicaciones y reitera las indicaciones previas para que aparte a los parlamentarios independentistas

El pulso entre el Congreso y el Supremo se recrudece. El Tribunal Supremo ha devuelto de nuevo al Congreso la decisión sobre la suspensión de los cinco presos del procés que fueron elegidos en las elecciones generales del 28-A. El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, ha enviado este jueves un escrito a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, en el que rechaza elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Marchena sostiene que la configuración que la Constitución atribuye al Supremo “hace inviable la elaboración del informe requerido”.

En su escrito, de dos párrafos, el Supremo insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo y “que fue debidamente comunicado a la Cámara”. “A lo allí expuesto nos remitimos”, añade el tribunal en su respuesta a Batet. En ese auto al que se refiere Marchena la sala que juzga a los líderes independentistas autorizó a los parlamentarios presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez) a asistir a la sesión de constitución de las Cortes, pero rechazó que debiera pedir permiso a las Cámaras (mediante el llamado suplicatorio) para continuar con el juicio. Esa resolución se acompañó de un breve oficio en el que la Sala informa de que remite el auto “a los efectos legales que resulten procedentes”. A partir de ahí, el Supremo entiende que el Congreso debería poner en marcha la suspensión de los cinco parlamentarios.

En el escrito enviado este jueves, el tribunal añade que el juicio seguirá su curso y que es misión del tribunal «salvaguardar los fines del proceso». El Supremo tiene pendiente contestar la petición que registró el miércoles la Fiscalía para que el tribunal ordene a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas encarcelados. La Fiscalía, y en esto coincide con el Congreso, considera que debe aplicarse a este caso el artículo 384 bis de la Lecrim, el mismo que usó el alto tribunal para ordenar al Parlament la suspensión de los diputados catalanes procesados por rebelión. Según el ministerio público, este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debe comunicarlo así a las Cámaras para que suspenda a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y Romeva (ERC), senador.

Pero el tribunal considera que la aplicación de la Lecrim en este caso es «controvertida» porque el artículo 384 bis establece la suspensión de una persona “que estuviere ostentando función o cargo público” cuando se dicte contra ella auto de procesamiento firme por rebelión y se haya decretado además la prisión preventiva. En este caso, los líderes del procés han sido elegidos parlamentarios en las Cortes casi un año después de ser procesados, por lo que el Supremo alberga dudas sobre que se les pueda aplicar la Lecrim para suspenderlos ahora de esos nuevos cargos. Sin embargo, según el tribunal, el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los procesados que estén en prisión preventiva, sí es plenamente aplicable en este caso, pero debe ser el Congreso quien lo haga. Lo contrario, según los magistrados, sería «una injerencia» del poder judicial en el político.

La Mesa del Congreso se reúne este jueves a las 12.30 para abordar la suspensión de los cuatro parlamentarios del procés. «Yo no descartaría volver a preguntar al Supremo», ha dicho Gloria Elizo, vicepresidenta primera de la Mesa y representante de Unidas Podemos. «Lo que sí descarto es cualquier decisión urgente sobre la situación de unos representantes públicos». La formación considera que es el órgano judicial quien debe tomar la decisión y sigue planteando «un conflicto de competencias», informa Ana Marcos. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha amenazado con pedir la reprobación de Batet si no se suspende de forma inmediata a los diputados independentistas y se plantea actuar judicialmente contra ella por prevaricación y desobediencia, informa Natalia Junquera. “Intenta lavarse las manos y ganar tiempo”, ha asegurado.

El pulso institucional se podría dilatar más allá de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26-M, ya que en la cita de la Mesa del Congreso de este jueves solo está previsto fijar posturas y debatir el encargo de informes. Batet coincide con la posición de la Fiscalía en que la decisión sobre la situación de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de JxCat, debería tomarla el Supremo. Para el alto tribunal, sin embargo, la respuesta no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sino en el artículo 21 del reglamento del Congreso, según el escrito que envió hace unos días a la Cámara baja.

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