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El pueblo sin subvención por no renunciar a Franco

La diputación provincial retira más de 1.500.000 de euros en ayudas a tres municipios de Badajoz por incumplimiento de la ley de memoria histórica

Franco llegó a la calle Mayor de Guadiana del Caudillo en mayo de 1951. A pocos metros estaba Vicenta Prado, que hoy tiene 68 años: “La maestra nos hizo salir con el babi y banderas de España en la mano. No sabía ni decir su nombre. Grité: ¡Zarco, Zarco!”. El dictador se presentó ante la  fachada del Ayuntamiento y descubrió una placa: “Franco inauguró la primera fase de construcción de este pueblo, que se denomina Guadiana del Caudillo como modesta ofrenda”. La insignia sigue, pero la Diputación de Badajoz certificó en 2017 que tanto el nombre del pueblo como el rótulo incumplían la ley de memoria histórica. Y avisó: los municipios que no retiren los vestigios se quedarán a partir de ahora sin las subvenciones de la diputación. El alcalde se negó en redondo en 2017, 2018 y 2019. El pueblo ha perdido 168.300 euros en ayudas. 

“Hasta la Iglesia los está quitando. En Alemania no conozco ciudades que se apelliden Hitler”, dice Julián Expósito, director del área de presidencia de la diputación (PSOE). La historia comenzó en 2016. El organismo público creó un comité provincial de expertos para catalogar todos los vestigios franquistas de los 165 municipios de Badajoz. Una vez hecho el estudio se les remitió un informe para que eliminaran las placas, calles o escudos de la dictadura. Todos aceptaron, excepto tres: Guadiana, Villafranco y Badajoz.

Antonio Pozo es el alcalde de Guadiana. Tras defender toda la vida al PP, hoy se ha pasado a Vox. “¿Por qué no se quitan las calles de Adolfo Suárez que fue secretario del Movimiento?”, dice. La diputación le exige retirar un águila de San Juan, la placa del Ayuntamiento y cambiar el nombre del pueblo. Se opone. Y ha denunciado a la diputación, a la Junta y a todo aquel que ponga por delante la ley de memoria histórica. Los pleitos, eso sí, los paga con el presupuesto municipal, que es de 1.815.100 euros. Pozo está convencido de que ganará y ha contratado como letrado al sobrino del general que dio el golpe de Estado en 1981. El bufete Milans del Bosch le ha cobrado 24.004 euros por los servicios prestados desde 2016. El caso está en el Tribunal Supremo, que todavía no ha tomado una decisión.

El argumento principal de Pozo, de 47 años, es la consulta popular que realizó el 11 de marzo de 2012. Aquel día acudieron a las urnas 817 vecinos de los 1.950 censados. De estos, 495 dijeron que el pueblo siguiera con el apellido “Del Caudillo”. La Fundación Nacional Francisco Franco le premió por ello en 2017. “Hay que reconocer la gran obra de Franco”, dijo al recoger el galardón. “Mientras el que os habla, respire y sea alcalde, nadie borrará la historia del pueblo”.

La plataforma Guadiana Despierta nació el pasado octubre “ante el empecinamiento” del alcalde. “Otros pueblos han quitado sus vestigios, ¿qué necesidad tenemos?”, se queja Ana Plaza, de 34 años y portavoz. Pozo ha ganado tres elecciones de manera consecutiva. “Es muy buena persona”, cuenta Francisco Torrado, de 70. “El tema de las subvenciones es una cabezonería suya, pero le volveré a votar”.

Guadiana nació en 1951 gracias al Instituto Nacional de Colonización de la dictadura. Entre 1940 y 1970 Franco creó 300 poblados en 27 provincias. Se apuntaron 55.000 familias a cambio de una casa y una parcela. “Yo no le debo nada a Franco», cuenta Vicenta Prado. «¡Que quiten su nombre de una vez! Mi hermana nació en un corral sin ayuda de nadie y dormíamos al lado de una vaca y una yegua”. Tampoco había agua, ni luz. Nada.

A 22 kilómetros de Guadiana se encuentra Villafranco, una de las ocho pedanías de Badajoz. Entre los tres municipios han perdido más de 1.540.000 euros en ayudas desde 2017. “Nosotros también lo hemos recurrido a los tribunales porque es una cabezonería de la diputación”, cuenta el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso (PP). “Condenar a un pueblo sin dinero por esto es denigrante”, dice Juan Sánchez, regidor de Villafranco (PP).

En su pueblo recogieron más de 900 firmas en 2018 para que nada cambie. “Me parece fatal que quiten dinero al pueblo por llamarse como se llama”, opina Marta Barro, de 36. “Lo pasado, pasado está”, dice el presidente de los pensionistas del pueblo Álvaro Lara, de 78. Sin embargo, a Nancy Gómez, de 37, le gustaría que con esas ayudas se construyera una piscina. “¡Y que el pueblo se independice de una vez de Badajoz!”.

La independencia está descartada. La de Guadiana del Caudillo empezó en 1995 y se aprobó en 2009. Pero no llegó a ser oficial porque la Junta (PSOE) obligaba a quitar el apellido franquista. La separación definitiva de Badajoz se firmó el 23 de febrero de 2012 con el expresidente popular José Antonio Monago en el poder. Cualquier visitante lo puede leer en la fachada del Ayuntamiento. A dos metros, también observará la réplica de la placa que certifica la visita de Franco en 1951. El alcalde colocó una copia idéntica porque la original la destrozaron hace dos años. Y ahí está, intacta, con una cámara de seguridad y un cristal blindado, por si acaso.

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