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Batet lanzará una potente oferta de empleo público a final de marzo

Función Pública ultima una plan a tres años para cubrir la necesidad de personal en el Estado

La edad media en la plantilla de la administración central alcanza los 52 años

El Gobierno está ultimando los trabajos para poder aprobar cuanto antes la oferta de empleo público (OEP) para personal de la Administración General del Estado. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de Meritxell Batet, prevé sacar a la luz este real decreto la última semana de marzo o la primera de abril, según ha anticipado a EL PERIÓDICO, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto. Ello será, en todo caso, tras una reunión previa con los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 

Después de la oferta récord de la última década que se lanzó en julio del 2018 -hasta un total de 30.800 plazas en el conjunto del año- aún no se conoce la cifra correspondiente a este ejercicio, aunque en Función Pública no se descarta que pueda ser aún ligeramente superior a del pasado.

Lo más relevante es que el Gobierno presentará la oferta de este año como el primer escalón de una ambiciosa planificación a tres años en la que constarán las previsiones de nuevo empleo público hasta el  2021, según adelanta Benedicto. La idea del secretario de Estado es instalar la planificación de recursos humanos en la gestión pública. «Eso permitirá, además, que los aspirantes puedan organizar su  preparación», añade.

Rédito electoral

Como el Gobierno no ha logrado sacar adelante su proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2019, las tasas de reposición para cubrir las bajas serán las mismas que el año pasado: el 75% con carácter general; el 100% en sectores prioritarios (no ha sido posible incorporar este año en este grupo a los puestos relacionados con la atención a la violencia de género) y el 115% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La pronta aprobación de esta oferta de empleo permitirá que el proceso no quede interrumpido hasta la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 28 de abril, un proceso que no se adivina fácil ni rápido. De paso, un aprobación a finales de marzo o principios de abril, puede aportar réditos electorales al Gobierno socialista de cara a las elecciones generales.  

Tras el anuncio de elecciones anticipadas fueron las propias organizaciones sindicales, como CSIF, quienes reclamaron al Gobierno asegurar por decreto medidas como la oferta de empleo público o la ampliación del permiso de paternidad.  

Envejecimiento de las plantillas

La oferta de empleo público de este año llegará precedida de un completo estudio que ha elaborado la Secretaría de Estado de Función Pública sobre la edad de los empleados públicos. El estudio pone en evidencia el reto que supone para la administración el progresivo envejecimiento de las plantillas.

Mientras que la edad media de la población activa española es de 42,5 años, en el caso concreto de los funcionarios de la Administración General del Estado esta media es casi 10 años superior y llega a los 51,9 años.

De los alrededor de 137.000 efectivos que componene este colectivo (sin contar las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad), algo más 67.000 estarán jubilados dentro de 10 años, en el 2028. En esa fecha, el 80% de los 70.000 restantes tendrá más de 50 años.

«La primera conclusión a la que nos llevan estos datos es a que tenemos que establecer una planificación de recursos humanos a medio plazo», afirma el secretario de Estado de Función Pública, que evita hablar de «envejecimiento» y prefiere el término «sénior» (más experiencia).

Planificación ‘base cero’

Además, según Benedicto, la evolución de la sociedad, de sus necesidades, de la propia administración y la digitalización obligan ya a hacer una planificación «base cero» de los recursos humanos necesarios en el sector público.

«Se trata de poner a cero la evaluación de las necesidades y no tomar como referencia las cifras del pasado», explica Benedicto. «Esto implica que cada departamento deberá justificar la necesidad de cada puesto, ya existente o no, como si fuera de nueva creación». Para ello se ha pedido a los departamentos ministeriales que en los próximos días remitan a Función Pública una evaluación de sus necesidades a tres años vista

Con la cuantficación de estas necesidades sobre la mesa y con la información proporcionada sobre la edad de la plantilla en cada departamento, la Secretaría de Estado pretende poner en marcha «por primera vez» una planificación de recursos humanos a medio plazo, con un horizonte de programación de tres años, en la que la oferta de empleo público para el 2019 será su primera pieza.

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