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Absuelta la cúpula de Caixa Catalunya por el caso de los sobresueldos

El tribunal considera que los 41 absueltos, incluidos el exdirector general Adolf Todó y el expresidente Narcís Serra, no cometieron ni administración desleal ni apropiacion indebida

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la excúpula de Caixa Catalunya por el caso de los sobresueldos, entre ellos el exdirector general de la entidad Adolf Todó y el expresidente Narcís Serra. Los 41 altos cargos de la entidad estaban acusados de haber elevado sus retribuciones en el 2010, en plena crisis financiera, y que supuso ayudas públicas en torno a 12.000 millones de euros para la entidad. La sentencia llega apagada por el estruendo de la actualidad, al coincidir casualmente con el primer día del juicio del Procés y en plena votación en el Congreso de los Presupuestos del 2019, que puede suponer el anuncio de un adelanto electoral. 

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra recibió la noticia con satisfacción y aseguró que estaba convencido de que la sentencia iba a ser absolutoria. «Lo ves, lo ves, ya te dije que no eras ningún delincuente», le dijo Serra a otro de los acusados. Todó, siempre reacio a hablar con los medios de comunicación, visiblemente emocionado, solo reconoció que estaba muy satisfecho mientras llamaba con su móvil para dar la noticia. Los temores e inquietudes del primer día del juicio se tornaron este martes en tranquilidad para todos los acusados, murmullos de júbilo en la sala de vistas en un primer momento y casi jolgorio al confirmarse la absolución colectiva con el reparto de sentencias a cada uno de los encausados.        

La sentencia concluye que «los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiacion indebida sostenido por las partes acusadoras».  De esta forma, concluye una causa que ha tenido hasta cierto punto una cierta condena ética, por la circunstancia de que las retribuciones fueron elevadas durante un periodo de ajustes de personal en la entidad y de crisis general, pero el marco jurídico no encuentra elementos que justifiquen las acusaciones presentadas.  

El juicio en la Audiencia de Barcelona de Caixa Catalunya terminó el 29 de noviembre del 2018 sin que el expresidente de la entidad Narcís Serra, el exdirector Adolf Todó ni los otros 39 acusados hiciesen uso del turno de última palabra, ante el temor de que se transformase en autodefensa suicida. La estrategia ha dado sus frutos.

Durante la causa, el fiscal Fernando Maldonado rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel para Serra y Todó, junto a una multa de 67.500 euros para ambos. Todas las peticiones de la fiscalía han sido rechazadas. El representante del ministerio público cifró el perjuicio económico del acuerdo del consejo de administración de elevar el sueldo a Todó de enero del 2010 –en pleno contexto de crisis– en 415.000 euros y el de octubre de ese año en 24.000.

La defensa de Serra pidió su absolución porque los aumentos de salario a directivos eran «perfectamente legales», no causaron un perjuicio económico a la entidad y su abogado, Pau Molins, insistió en que los incrementos fueron irrelevantes desde una perspectiva penal. Argumentó que Serra «observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja» como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Todó, considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa. Y defendió que el Banco de España, que estaba controlando la entidad en su proceso de fusión, conocía los sueldos, mientras que tres excargos del organismo aseguraron en el juicio que no fueron informados de los aumentos aunque no era obligatorio hacerlo.

El abogado de Todó, Juan Segarra, se expresó en una línea similar a Molins y alegó que en el juicio quedó probado que el exdirector de Caixa Catalunya se ausentó en la votación del consejo de administración de enero del 2010 que aprobó el aumento salarial, por lo que directamente no puede ser autor del delito, y que en el segundo acuerdo solo se aprobó un aumento del IPC generalizado. En la sentencia se reconoce esa información difusa que impide atribuir responsabilidades penales justificadas. 

En su declaración como acusado ante el tribunal, Serra expresó que el salario que se fijó para los directivos en el 2010 era «prudente» y según la mediana del sector, inferior a la media, y que se hizo con el conocimiento del Banco de España. Asimismo, defendió que en ese momento la entidad no estaba en crisis, pese a que desde julio de ese año hasta diciembre del 2012 el FROB inyectó 12.000 millones de euros, y que el Consejo de Administración actuó con el conocimiento de que el FROB y el Banco de España consideraban Caixa Catalunya como «fundamentalmente sólida».

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